
El parque fotovoltaico Huatacondo, en la Región de Tarapacá, sigue fuera del Sistema Eléctrico Nacional casi tres meses después de que se reportara un ciberataque contra sus instalaciones. En los últimos días, el área de ciberseguridad del Coordinador Eléctrico Nacional se refirió públicamente al caso por primera vez, de acuerdo con lo informado por T13.
La primera pista pública del caso apareció en los informes diarios del Coordinador Eléctrico Nacional. De acuerdo con la revisión de esos registros publicada por Energy Storage News, el centro de control de la planta pidió la desconexión forzada del parque y de sus baterías, y como causa anotó un ciberataque a las instalaciones. El mismo medio identifica como dueños del parque a un consorcio formado por la japonesa Sojitz, Shikoku Electric Power y la francesa Eiffage.
Esa misma jornada quedaron registrados otros dos eventos con la misma explicación: la salida de un transformador en la subestación Santa Rita y la pérdida de control remoto de las centrales térmicas Olivos y Espinos, en Los Vilos.
La novedad de esta semana es que el Coordinador habló del caso en forma directa. Según T13, Patricio Leyton, director de ciberseguridad del organismo, explicó que ante este tipo de eventos se activa un protocolo de desconexión para proteger la seguridad del sistema, que la empresa afectada entregó información detallada y que no podía dar más antecedentes por la confidencialidad de la investigación. El mismo reportaje indica que los posibles ataques informados en dos instalaciones de la Región de Coquimbo fueron descartados posteriormente.
En una comunicación anterior recogida por Sala de Prensa, el Coordinador había señalado que ese día "registró incidentes atribuidos a ataques informáticos en una subestación y dos centrales térmicas". Ni el organismo ni los propietarios han publicado un comunicado con el detalle técnico del incidente.
El caso muestra que un ataque informático puede dejar fuera de operación un activo físico durante meses, aunque los equipos no sufran daño. Cuando no hay certeza de que el atacante fue expulsado, la decisión prudente es no reconectar, y ese período de incertidumbre es el que más cuesta en continuidad operacional. Para una empresa mediana que provee servicios a minería, energía o industria, el riesgo no está solo en sus propias plantas: muchos proveedores tienen acceso remoto a sistemas de control de sus clientes y pueden ser la puerta de entrada.
La generación eléctrica es un servicio esencial bajo la Ley 21.663 Marco de Ciberseguridad, que exige reportar incidentes con efectos significativos al CSIRT Nacional de la ANCI con una alerta temprana dentro de las primeras tres horas. Este episodio es un recordatorio de que esa obligación supone tener definido de antemano quién decide, quién reporta y con qué información, algo que también conviene preparar a las empresas que no son operadores de importancia vital pero sí trabajan para ellos.