La Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto que posterga la Ley 21.719 de protección de datos personales y fijó su vigencia para el 15 de octubre de 2027. El texto pasa a la Comisión de Hacienda y, mientras no sea ley, la fecha legal sigue siendo el 1 de diciembre de 2026.
El 20 de octubre la Comisión de Constitución aprobó por unanimidad la idea de legislar. Según Veredictum, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, presentó los cambios y el Gobierno comprometió urgencia inmediata. El presidente de la comisión, senador Pedro Araya, delimitó el debate: "la idea es solo ver el proyecto del Ejecutivo para poder aplazar la entrada en vigencia de la ley".
La votación en particular fue informada el 26 y 27 de octubre por G5noticias y Diario Estrategia con información de la comisión. Tras escuchar a la Asociación de Profesionales de Protección de Datos, los senadores revisaron cerca de una docena de indicaciones y adelantaron en unas seis semanas la fecha propuesta por el Gobierno.
En la gobernanza de la futura Agencia, el Consejo crecería a cinco miembros y se rechazó rebajar el quórum de nombramiento de dos tercios a cuatro séptimos. Para la primera integración, el Presidente propondría en un solo acto dos consejeros por seis años, dos por cuatro y uno por dos, dentro de los diez días siguientes a la publicación de la ley. Si el Senado rechaza la nómina, habría 15 días para presentar otra.
Según lo expuesto el 20 de octubre, el proyecto no toca las obligaciones de fondo: solo mueve el calendario y ajusta la institucionalidad.
La señal es doble. Todo apunta a que habrá más tiempo para adecuarse, pero ese tiempo aún no está asegurado: el proyecto debe terminar su tramitación y publicarse antes del 1 de diciembre de 2026. Quien congele su plan a la espera del Congreso arriesga llegar a esa fecha sin registro de tratamientos, sin procedimiento de incidentes y sin contratos revisados con proveedores.
Las obligaciones, además, se mantienen: bases de licitud para cada tratamiento, atención de los derechos de los titulares, medidas de seguridad proporcionales y reporte de incidentes cuando haya riesgo para las personas. Ese punto conecta con la Ley 21.663 Marco de Ciberseguridad, porque un ransomware con robo de datos puede obligar a responder ante la ANCI y ante la Agencia por el mismo hecho. Integrar ambos procesos desde ya reduce errores en el momento crítico y protege la continuidad operacional.
