La Dirección del Trabajo (DT) advirtió a los empleadores sobre una campaña de correos fraudulentos que usan su logo y formato para anunciar una supuesta fiscalización. El mensaje invita a descargar documentos y, según la institución, su objetivo es instalar software malicioso o recopilar datos.
El martes 10 de noviembre la DT publicó en su sitio un aviso oficial sobre la circulación de un correo electrónico falso con código malicioso. El mensaje imita la imagen institucional del servicio y le informa a la empresa destinataria que tendrá una visita inspectiva programada. Para "prepararse", el receptor debe descargar una supuesta documentación.
La institución aclaró que no envió ese correo. De acuerdo con su aviso, el propósito de la campaña es infectar el equipo de quien lo abre o capturar información del usuario. Según informó BioBioChile, el servicio tomó conocimiento del fraude porque algunas empresas le consultaron directamente por el mensaje recibido.
La DT recordó que "nunca te solicitará claves ni credenciales de acceso por correo electrónico". También indicó que cualquier duda se puede resolver en www.dt.gob.cl, en el teléfono 600 450 4000 o en la Inspección del Trabajo que corresponda, sin entregar datos sensibles ni documentación de trabajadores por correo.
El aviso no detalla cuántas empresas recibieron el mensaje, qué tipo de malware distribuye ni desde qué dominio se envía. Tampoco hay, por ahora, reportes públicos de compañías afectadas. Medios regionales y radios de distintas zonas del país replicaron la alerta durante el 11 de noviembre.
El engaño funciona porque toca un punto sensible: una fiscalización laboral genera urgencia y suele llegar a personas de recursos humanos, contabilidad o gerencia, que manejan planillas, contratos y datos de trabajadores. Son perfiles con acceso a información valiosa y que, por la naturaleza de su trabajo, abren adjuntos todos los días. Un clic en el archivo equivocado puede ser la puerta de entrada a un robo de credenciales o, en el peor escenario, al primer paso de un ataque de ransomware que detenga la operación.
Hay además un riesgo legal. Si un atacante obtiene datos de trabajadores a través de esta vía, la empresa enfrenta un incidente de datos personales. La Ley 21.719 eleva las exigencias de seguridad y de notificación de brechas, y aunque el Congreso tramita postergar su entrada en vigencia hasta octubre de 2027, el plazo para prepararse no cambia el riesgo actual. Las organizaciones que prestan servicios esenciales, por su parte, deben reportar incidentes significativos según la Ley 21.663.
La suplantación de organismos públicos no es nueva en Chile, pero apuntar a empleadores con un trámite laboral es un giro que vale la pena anotar: el objetivo ya no es solo la persona, sino la empresa y sus sistemas.
