
La transformación digital en Chile ha ingresado a una nueva etapa: una donde la resiliencia digital, la continuidad operativa y el cumplimiento normativo dejaron de ser buenas prácticas y se convirtieron en obligaciones legales. Con la entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad (N.º 21.663) y la Ley de Protección y Tratamiento de Datos Personales ( N.º 21.719) las organizaciones deben adoptar un enfoque estructurado, medible y permanente respecto a la ciberseguridad, la privacidad de datos y la gestión de riesgos.
Para los tomadores de decisión que planifican iniciativas prioritarias para el próximo año, el mensaje es claro: un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) robusto y una plataforma GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento) ya no son opcionales. Son la base para cumplir, operar y competir en el nuevo contexto regulatorio chileno.
Las dos leyes fundamentales establecen obligaciones directas que solo pueden ser satisfechas mediante la planificación de la continuidad y la gestión integrada del cumplimiento.
La Ley Marco de Ciberseguridad establece estándares nacionales para proteger infraestructuras críticas y sistemas de información. Para empresas públicas y privadas —especialmente aquellas clasificadas como Operadores de Importancia Vital (OIV)— esta ley impone exigencias directas que requieren capacidades de respuesta a incidentes, continuidad operativa y gestión centralizada del cumplimiento.
Estas obligaciones hacen que cualquier brecha o indisponibilidad prolongada no solo implique un riesgo operativo, sino también un riesgo regulatorio, con multas, sanciones y responsabilidades directas.
La nueva ley de protección de datos, junto a la creación de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP), exige estándares técnicos y organizativos significativamente más altos. El DRP y las herramientas GRC permiten cumplir con los principios de seguridad, disponibilidad y responsabilidad proactiva (accountability).
Para las empresas, esto significa que una brecha de datos sin procesos claros de reporte o sin evidencia de controles puede traducirse en sanciones económicas significativas e investigaciones formales.
El DRP y las plataformas GRC funcionan como dos capas complementarias:

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Sin un GRC, el cumplimiento se vuelve manual, fragmentado y difícil de auditar, aumentando la exposición y los costos.
El nuevo escenario regulatorio obliga a las organizaciones a adoptar una postura de resiliencia digital, responsabilidad proactiva y gestión basada en riesgos. Implementar un DRP sólido y una plataforma GRC evita sanciones, y además:
✔ Aumenta la reputación corporativa frente a clientes y socios.
✔ Reduce la probabilidad de interrupciones operativas.
✔ Asegura continuidad ante ciberataques y fallas de infraestructura.
✔ Prepara a la organización para auditorías internas, regulatorias y de terceros.
✔ Fortalece la confianza en un mercado donde la seguridad se ha vuelto un diferenciador.
Para PYMES y líderes de TI en Chile, el 2026 será el año en que la resiliencia digital deje de ser un proyecto técnico y se convierta en una capacidad estratégica del negocio. Te invitamos a evaluar y conversar con nosotros para desarrollar tu Plan de Recuperación de Desastres e integrar GRC: Contáctanos